>APTOCRACIA 3


>APTOCRACIA 3.


En la Declaración de Derechos Humanos quedan explícitamente proclamados todos los derechos y libertades de las personas.
Hace especial hincapié en la igualdad de todos los seres humanos del mundo sin que ninguna entidad ya sea persona física o administrativa pueda hacer distinción alguna entre razas.
Esto proscribe sin objeción a aquellos que alegando pertenencia a una u otra etnia entienda su interrelación con su entorno de acuerdo a una escala de valores que catalogue a las personas atendiendo al color de su piel.
Es fácil pensar que esto es aplicable solamente a los individuos “oriundos” del país.
Es fácil pensar que aquellos que han nacido y que se han criado en un lugar dado son las personas a las que hay que regular presuponiendo una culpabilidad de discriminación hacia inmigrantes y etnias minoritarias residentes en la zona.
También, es fácil incurrir, por parte de intereses partidarios, en la tentación de crear discriminaciones positivas en busca de favorecer intereses políticos, buscando lo que se llama el “voto cautivo”.
Exacervar las diferencias para acto seguido tomar parte por una en detrimento de la otra con el fin de obtener réditos electorales.
Estas prácticas deben ser perseguidas por una justicia independiente y aplicar condenas ejemplares y severas dado que son delitos de omisión del deber, de incitación a la violencia, de injusticia, de abuso de poder, de arbitrariedad.

Máxime cuando los infractores son personas a las que, como representantes públicos, hay que exigir el máximo de excelencia en el cumplimiento de la ley.
Hay que recordar que las leyes se dictaron en su momento para luchar contra los abusos de poder, el uso que de la justicia están haciendo hoy en día las instituciones roza la traición.
Traición a los valores que juraron defender en la toma de posesión de sus puestos, traición por usar el
sexo, el idioma, la religión, o la misma opinión política como vara de establecer qué derechos y qué obligaciones influyen en la vida de las personas.
Traición por permitir que el origen nacional o social, la posición económica, o cualquier otra condición puedan servir para como atenuante o agravante a la hora de dilucidar si es, o no, culpable.
La misma Carta incide en la obviedad de recordar que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
La primera resultante de esta afirmación, es que todos los países firmantes de este documento han de expulsar con carácter inmediato de su territorio a toda representación, embajada o consulado de cualesquiera países que incurran en la lesión de estas normas, que sometan a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes a su ciudadanía.
Cortar todo tipo de relación con ellos y sus socios; así como exigir a sus propios aliados que actúen con idéntica contundencia.
Las naciones, los gobiernos tendentes al abuso, al genocidio, al terrorismo, etcétera deben ser aislados, embargados y todo trato con ellos ilegalizado.

Mención especial merece el estado de esclavitud al que la casi totalidad de la clase media y baja está sometida en la mayoria de los países occidentales.
La esclavitud a la que hoy en día se llama hipoteca y que obliga a los seres humanos a trabajar de por vida a cambio de nada.
Será prioritario procesar y encarcelar a los tratantes de esclavos, sean banqueros, políticos o jueces y desposeídos del derecho de libertad, de sus bienes y de todo derecho inherente a las personas honestas.
Perderán la nacionalidad y con esto serán desterrados y sus bienes incautados.
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