SE FUE LA LUZ


Encuentro incomprensibles los problemas que tienen que soportar los vecinos de ciertas localidades españolas derivados de la habitual morosidad de sus ayuntamientos.
Impagos institucionales que han generado una bola de nieve que crece y crece y que ya ronda los quinientos millones de euros.
La primera pregunta que me ronda la cabeza es si cuando aquellos gobiernos que nos robaron a los españoles la distribución de la energía, porque si señores, antes los ayuntamientos tenían la potestad de repartir la energía ya que esta era un bien estratégico de la nación, eran conscientes de que no solo nos la robaban; sino que además los ciudadanos y por ende los ayuntamientos tendríamos que pagar por algo que era nuestro.
En un principio, los ayuntamientos jugaron las cartas del poder, de la concesión de permisos a las nuevas eléctricas que no apretaban a las instituciones para conseguir el beneplácito gubernamental para todo tipo de crimen ecológico en favor del progreso y de la modernización.
Tampoco comprendo como es que no hubo ni un solo tipo con un mínimo de inteligencia para entender que cuando tales empresas dejasen de precisar de esos visados, ejercerían esa presión postergada con todas las fuerzas de sus garras.
Así que el resultado de tales manejos hoy es el de espacios ecológicos perdidos para siempre y una deuda acumulada, no perdonada, que se ha inflado en progresión exponencial a lo largo de los años.
Amparándose en la regulación, que permite a las eléctricas cortar el suministro en caso de impagos a los morosos, siempre que el corte no afecte a los servicios esenciales, como el alumbrado público, bomberos o policía; han dejado sin luz a polideportivos, bibliotecas, y otros servicios ciudadanos que tenían el sustento energético asegurado en aquellos años en los que la energía española dependía del estado español.
Lo preocupante de esta situación es que las eléctricas para hacer más apremiante su presión sobre los ayuntamientos, seleccionan paulatinamente los cortes de modo que causen la mayor alarma social posible.
El resultado es que realizan los cortes allí dónde los de siempre, los más desprotegidos son los que sufren las consecuencias.
En algunas poblaciones en las que los ayuntamientos cuentan con la titularidad de pisos puestos a disposición de familias necesitadas, se les corta el suministro a estas viviendas.
Lo peor de todo esto es que tanto los polideportivos, como las casas de cultura, como las bibliotecas son precisamente esos servicios “superfluos” que las instituciones quieren sacudirse de sus arcas.
Ya sabemos todos la ecuación maestra de la clase política: “La reducción de servicios a la ciudadanía es directamente proporcional a la cantidad de dinero disponible para robar”.
Con lo cual, el interés de los municipios por solucionar el problema debe subir mucho para llegar a cero.
Y es que este es un país de ladrones y de tontos que ponen el fruto de su trabajo en manos de los mismos; un país de malversadores que adoptan trenes de vida descomunales despilfrarrando fondos que son nuestros y que deberían ser utilizados para sufragar bienes y servicios que antes también lo eran y que nos robaron.
Por eso he defendido siempre la tesis de que esos bienes estratégicos para el normal funcionamiento del país han de estar en manos de una institución intemporal; de un organismo que no esté sujeto a los vaivenes políticos ni a los amiguismos suscitados detrás de cada sigla.
No debe ser tomado como un ideal antidemocrático pedir que tales servicios vitales recaigan en manos del ejército.
De un ejército que se cuidará muy mucho de formar técnicos y gestores eficientes que gestionen la energía con el bien común como único objetivo.
Porque por mucho que traten de convencernos de lo contrario, los uniformes no están intrínsecamente enfrentados a la defensa de los derechos humanos, es obvio que estos demócratas falsos y ladrones han hecho mucho más contra las libertades de las personas que las armas de los soldados.
Solo se podrá disfrutar de esta libertad, de la plenitud democrática en un estado que articule estos servicios para los ciudadanos y que los mantenga a salvo de los intereses bastardos de políticos demostradamente corruptos.
Ahora podéis convenceros a vosotros mismos de que esta tesis es peligrosa y fascistoide, estáis en vuestro pleno derecho, pero mientras os engañáis a vosotros mismos y tratáis de engañar a vuestro entorno más cercano, las empresas que se han adueñado de nuestra energía empiezan a retirar servicios y a generar alarma social.

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