ABOCADOS A LA GUERRA


Hay una serie de aspectos sociales que nos hemos dejado robar sin presentar batalla.
Los fanatismos, las convicciones dogmáticas que nos han llevado a votar en contra de lo que consideramos malo en vez de hacerlo a favor de lo que consideramos bueno han creado una serie de abominaciones mesiánicas en nuestra clase política.
Investidos de su poder omnipotente y apoyados en la represalia de guerra contra la disidencia, escasa y débil disidencia, han ido fagocitando uno tras otro los derechos fundamentales de las personas refrendados por las Cortes Generales y firmados por el Rey.
Tanto el pueblo soberano, como la monarquía y las mismas cortes, hemos propiciado que una nueva clase social, la de los soldados encubiertos, tomen a sangre y fuego nuestra civilización.
Solo hemos de releer los artículos veintiséis, veintiocho, veintinueve y treinta del texto constituyente; cotejarlo con los hechos que acontecen ahora y meditar unos segundos para cerciorarnos de cuan profundo es el delito cometido por la actual clase política.
Y sobre todo cuan grande era la responsabilidad que inconscientemente adquirimos al aceptarla.
Quizá esto último nos enfrente a nuestras culpas y prefiramos mirar a otro lado, no pasa nada, los españoles somos así, cobardes.
El Artículo veintiséis asegura que todos tenemos el derecho y la obligación de recibir una educación.
Y advierte, que al menos en lo básico, esta educación debe ser gratuita.
También habla del acceso a la formación profesional como algo que ha de ser generalizado, equitativo y meritorio.
No puede ser de otro modo, en una civilización moderna, la calidad de la educación es el principal indicador del nivel de justicia, democracia y modernidad que se viven dentro de sus fronteras.
Establecer como mérito el poder adquisitivo de una familia en detrimento de los posibles logros académicos, es una interpretación bastarda de lo que significa para una nación moderna la educación, la justicia y los derechos humanos.
Y los que esgrimen tal argumento atentan directamente contra la ideología y la ley recogida en la Carta Magna, son delincuentes que atentan contra la Ley con mayúsculas, contra la Ley de leyes que no puede ser vulnerada ni revocada por norma, ley o disposición alguna.
La pasibidad del Tribunal Constitucional ante las intenciones claras de la clase política actual al respecto, resulta aterradora.
Pero más terrorífica es la visión de policías y militares defendiendo con sus argumentos a esas personas que sistemáticamente pisotean la ley que juraron defender.
Amigos, esto es España, país de miserables, mercenarios y traiciones.
Se establece, además, que la educación ha de perseguir el desarrollo de la personalidad humana, el respeto a los derechos humanos, la tolerancia y la amistad entre las naciones, los grupos étnicos o religiosos, y la paz.
La lectura que nuestros gobernantes han hecho de esta ley fundamental, ha derivado en constantes ataques y asedio a la educación pública y la eliminación de materias que fomentan la convivencia en favor de doctrinas de dudoso espectro democrático como el cristianismo.
En definitiva, nos están robando un derecho fundamental y lo estamos permitiendo.
Nuestro sentido de la inmediatez, no nos afecta directamente, nos impide, una vez más, defender como es debido el futuro de nuestros hijos.
Seguramente ellos no podrán asegurar con sus salarios la educación de nuestros nietos, y eso será culpa nuestra.
Otra derrota social está recogida en el artículo veintiocho, el que se refiere al orden social que debemos construir entre todos, el orden internacional que cada ciudadano ha de exigir a su gobierno para que se garanticen los derechos y libertades en sus sociedades.
El artículo veintinueve delimita los derechos de toda persona mediante el obligado reconocimiento y respeto de los de los demás.
Demoledor y brillante en su sencillez, sangrante y doloroso ver que hace décadas que también nos los arrebataron.
La esclavitud ha vuelto con fuerza a la sociedad, llamémosla hipoteca, llamémosla desahucio, a fin de cuentas esclaviza a las gentes a trabajar al mismo tiempo que son despojadas del fruto de su trabajo.
Y lo peor es que tales actos son aceptados, promovidos, protegidos y financiados por los estados, por los que debían asegurar que esa situación jamás se diese.
Al respecto, y por último, el artículo treinta desvela a una clase política fuera de la ley, una clase política proscrita y tirana cuya ilegitimidad escandaliza y que deberían estar entre rejas desde el momento justo de su filiación partidaria.
Dice textualmente:
“Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.
Sobran las interpretaciones, sobran los comentarios.
Estamos abocados a la guerra.

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